“Yo creo que el resultado de todas estas políticas económicas son episodios de escasez”

Por Nazly Escalona y

Luisana La Cruz

Las políticas económicas que ha venido aplicando el Gobierno en los últimos años han afectado no sólo a las grandes empresas privadas, sino también a los pequeños emprendedores y al venezolano de a pie. Sumándose a la Ley de Tierra y Desarrollo Rural, a la Ley de Seguridad y a la Ley de Soberanía Alimentaria, el 18 de julio de 2011 el Presidente Chávez decretó la Ley de Costos y Precios Justos. En entrevista exclusiva para @EcoSocial21, el profesor Carlos Machado Allison nos explica cuáles son los propósitos de las políticas económicas del Gobierno.

Carlos Machado Allison es biólogo y tiene un PHD en Genética. Es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y del IESA. Tiene en su historial más de 140 publicaciones científicas y libros, y está siempre al día con los temas relacionados a las políticas agroalimentarias, y de ciencia y tecnología en Venezuela. Hoy expresa su preocupación por las consecuencias que puede generar la Ley de Costos y Precios Justos en el país, en especial en el sector alimentación.

“Aunque esta ley está dirigida a los bienes de consumo masivo, es posible que pudiese alcanzar otro tipo de bien. Esta ley, además, pretende regular los servicios. El enunciado es tan general y tan vago que uno pudiese pensar que el Estado se reserva, por ejemplo, el establecimiento de cuáles son los honorarios, de cuánto puede cobrar un plomero, un carpintero, un abogado o cualquier prestador de servicio”, dice Machado Allison.

-¿El Estado se reserva, por ejemplo, el establecimiento de cuáles son los honorarios profesionales?

-Esto podría resultar una homologación nacional de los sueldos y salarios en el sector servicios, sin distinguir entre los prestadores de calidad, de experiencia o cualquier otro valor agregado que pueda tener. Yo creo que es terrible, porque limita los derechos fundamentales de la gente. Por no decir poco práctico, porque yo no veo un aparato burocrático con la capacidad para indagar en los detalles. No existe un catálogo del número de productos o servicios en un país como Venezuela, pero se puede tener una cifra entre 10 y 15 mil fácilmente. No existe un aparato burocrático que se dedique a la estimación de costos o la fijación de precios de todos y cada uno de los servicios y bienes que hay en el país. En todo caso, yo no quiero perderme en los detalles de la Ley. Esta ley forma parte de una familia de leyes y de decretos que están animados por el Plan Bolívar 2007-2013 y que tienen el mismo espíritu, como la ley de Tierra y Desarrollo Rural y la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. A veces el contenido no es la parte más importante sino la filosofía o ideología con la cual se va implementar. Los estilos en los cuales actúa el Gobierno son ilegales, utilizan leyes coercitivas para lograr una reducción de la importancia del sector privado y fomentar la presencia del Gobierno con sus empresas y organizaciones. La función de un gobierno es gobernar no producir, administrar los bienes de los venezolanos no cuánto va a  cobrarse por los bienes de los venezolanos. 

-En la exposición de motivos de la Ley dice que: “la razón de ser de los altos costos es el mercado monopólico”. ¿Existe ese monopolio en el sector de alimentos  u otro sector en Venezuela que justifique la Ley?

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