Principios rectores para el bienestar, la justicia social y una economía sostenible

Preámbulo

A pesar de que en numerosos países del mundo la creciente interdependencia económica y política ha conducido a un mayor crecimiento y competencia, mejorando las oportunidades de formación, fortaleciendo la infraestructura social y reduciendo la pobreza constatamos que la paz, la libertad y la justicia se encuentran amenazadas.

La distribución desigual de la riqueza a escala mundial tiene una creciente corresponsabilidad en las tensiones políticas y sociales. La presente crisis financiera y económica sólo puede superarse con reglas internacionales para los mercados financieros; algo que requiere profesar conjuntamente una economía sostenible. Necesitamos un consenso internacional que posibilite el bienestar, la justicia social y una economía sostenible con base en principios y valores comunes.

Al efecto, en los tiempos de crisis no hay que poner en peligro los impactos positivos de la globalización anteponiendo un proteccionismo nacional o regional. La orientación hacia el bienestar común, la legitimación democrática y la invulnerabilidad de la dignidad humana son el fundamento sobre el que se construye este consenso considerando particularidades culturales y sociales.

Principios rectores

Solidaridad y subsidiaridad son los principios rectores. La solidaridad procura que la economía de mercado se legitime continuamente por su orientación hacia el bienestar común. La subsidiaridad crea y garantiza el espacio para la auto responsabilidad y la iniciativa propia.

1. Reglamentación del marco de legalidad

Un sistema jurídico con capacidad funcional, confiable y democráticamente legitimado es la base para una actuación económica eficiente y sostenible. Crea las condiciones para una economía eficaz, para una administración pública eficiente y cercana a los ciudadanos y para considerar los principios de una buena gestión gubernamental.

Elementos normativos y una supervisión consecuente controlan el cumplimiento de las reglas y castigan un comportamiento irregular. Ello no es un fin en sí mismo. La regulación es oportuna y precisa para diseñar los incentivos en la economía de competencia de tal manera que la acción descentralizadora en la competencia lleve a resultados provechosos en el ámbito sociopolítico.

2. Régimen de propiedad y empleo

Una estructura económica eficaz y conforme con la sostenibilidad debe basarse en un régimen de propiedad privada que pone el poder dispositivo sobre los bienes en manos de empresas privadas y de los hogares. La propiedad privada genera el impulso decisivo para obtener ingresos a través del trabajo y es la base de un empresariado innovador. Sólo un orden económico que se basa en la propiedad privada asegura sosteniblemente el empleo. Con este fundamento pueden desarrollarse la auto responsabilidad y la iniciativa propia sin las cuales es inconcebible un manejo eficiente del potencial propio, de la educación, de la innovación, del crecimiento y del bienestar.

La propiedad privada caracteriza un orden de competencia donde un sinnúmero de pequeños y medianos empresarios responden con su propiedad personal por sus actividades. La propiedad incluye una obligación social. Su uso debe servir al mismo tiempo para el bien de la comunidad, lo que implica un desempeño empresarial mesurado y sostenible y ayuda a evitar un afán de lucro superficial y con perspectiva a corto plazo.

3. Competencia como la base

Un orden de competencia a escala mundial basado en la libre formación de los precios optimiza la asignación de los escasos recursos. La competencia con capacidad funcional es el motor que impulsa una economía sostenible, fomenta la eficiencia y el progreso, fortalece el actuar responsable e impide el surgimiento de un poder unilateral de mercado.

Un orden de competencia exige mercados abiertos tanto nacional como internacionalmente y un control del poder de mercado por parte del Estado y la comunidad internacional de estados. La competencia se basa en el principio de rendimiento y de la igualdad de oportunidades.

4. Aplicación del principio de responsabilidad

La libertad de la competencia implica la aplicación del principio de responsabilidad para vincular la competencia de rendimiento con la responsabilidad del respectivo actor. Las perspectivas de conseguir ganancias estimulan la competencia. La responsabilidad personal en caso de pérdidas limita al mismo tiempo una actitud irresponsable con riesgos excesivos.

5. Estabilidad de las condiciones económicas marco

Un orden de economía de mercado necesita una política económica organizada a largo plazo y la mayor estabilidad macroeconómica posible. Ello es vigente particularmente para los mercados financieros nacionales e internacionales. Inversiones y decisiones de consumo a largo plazo presuponen confianza en un orden marco estable, lo que incluye también el rechazo a medidas proteccionistas y una política monetaria que se oriente exclusivamente en metas económicas nacionales y de crecimiento a corto plazo.

6. Suministro de bienes públicos por parte del Estado

En un orden de economía de mercado el Estado debe garantizar el suministro de bienes públicos si el mercado no los pone a disposición de la sociedad o lo hace insuficientemente. Una infraestructura eficiente, oportunidades de formación básica y el acceso a una amplia cobertura sanitaria son áreas donde el Estado tiene que involucrarse. En casos de necesidad social el Estado debe asumir una responsabilidad especial si bien deberán ser limitadas sus intervenciones.

7. Solidaridad y garantías sociales

El crecimiento económico favorece el combate contra la pobreza. La economía de mercado no puede impedir que surjan desigualdades en los ingresos y desventajas para partes de la población. Por tanto en una economía de mercado se necesitan sistemas de garantías sociales y mecanismos de compensación regional que estén en concordancia con el mercado y tengan un amplio impacto entre la población así como un sistema fiscal orientado en el rendimiento, para asegurar la paz social y facilitar una participación adecuada de amplios sectores poblacionales en el desarrollo económico y social.

8. Compatibilidad de incentivos

Para financiar las tareas del Estado, en un orden de economía de mercado se requiere un sistema de contribuciones orientado en incentivos. Las contribuciones no deben tener un diseño que reduzca los incentivos o lleve a distorsiones en la asignación.

9. Sostenibilidad

Todo orden económico debe valorarse también por sus resultados a largo plazo. La sostenibilidad en su aspecto ecológico, social y fiscal es uno de los criterios más importantes de éxito y expresa la justicia intergeneracional. Un orden jurídico que se basa en la responsabilidad en su sentido personal y legal fortalece la sostenibilidad. Particularmente una política activa con respecto a la protección climática representa una obligación económica y moral para garantizar los medios naturales de subsistencia de las futuras generaciones.

10. Política de mercados abiertos

Acciones nacionales individuales no son ningún remedio en la crisis, por el contrario pueden hacer que los impactos internacionales de la crisis económica sean peores. Una política coordinada de mercados abiertos y el respeto ante las reglas del juego limpio son decisivos. Frente al proteccionismo y nacionalismo económico hay que seguir fortaleciendo las instituciones internacionales relevantes.

Condiciones de éxito para un orden económico global con carácter social y de mercado

Una economía abierta y mundial necesita un marco internacional. Los principios y las reglas que han resultado eficaces a escala nacional y europea en el contexto de un orden económico y de valores orientado en lo social y en la economía de mercado tienen que aplicarse también en el ámbito mundial.

Estos principios combinan libertad y responsabilidad que vayan en pos del beneficio para todos. Hay que fortalecerlos especialmente en el ámbito de los mercados financieros y del orden del comercio mundial. Se requiere una mayor legitimación, capacidad funcional y cooperación profundizada de las instituciones internacionales y la creación de foros de cooperación integradores. Un sistema jurídico confiable y un orden democrático conforme a la subsidiaridad son la base para ello. La competencia política y la participación política en las naciones promueven el desarrollo económico y la estabilidad del orden internacional social y económico. La información necesaria, producida por medios y asociaciones independientes sólo se puede garantizar en este tipo de orden. El consenso y el compromiso de los actores políticos, económicos y sociales con la conciliación de intereses en el marco nacional e internacional son los requisitos para el “bienestar para todos”.

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